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Conde Indiano

lunes, 25 de febrero de 2019

En el denominado Siglo de Oro, se establecieron en España burdeles públicos (llamados «mancebías»).








Antonio Pozo Indiano




Las desconcertantes prácticas sexuales en el Madrid de los Austrias: cuando la prostitución era legal en España, tolerados, reglamentados y amparados por los gobiernos.

Los viajeros en el siglo XVI decían que en Francia el pecado se hacía con publicidad, mientra que en España se pecaba igual, pero con sigilo.


Los vicios eran los mismos en París, Madrid o Londres, por mucha fama que tengan unos de liberales y otros de retrógrados.
En el denominado Siglo de Oro, se establecieron en España burdeles públicos (llamados «mancebías»), tolerados, reglamentados y amparados por los gobiernos. Considerándolo un mal menor, Felipe II expedió pragmáticas para que todas las grandes ciudades de Castilla contaran con una «mancebía», especialmente las que se hallaran cerca de un puerto o de una universidad, por ser los marineros y los estudiantes dados a estos centros.


Si a principios del siguiente reinado, el de su hijo Felipe III, únicamente funcionaban tres «mancebías» en la capital, esta cifra se disparó al ritmo en el que se liberaba la moralidad del Rey. En el periodo de Felipe IV, hombre conocido por su interminable legión de hijos ilegítimos, la cifra sobrepasaba las 800 casas públicas en la noche madrileña, según cifras recogidas por José Deleito y Piñuela en su libro «La mala vida en la España de Felipe IV».


El lugar más aristocrático era Las Soleras, en la Calle Francos, hoy de Cervantes, mientras que para comerciantes y burgueses el lugar propicio estaba en la Calle Luzón, aparte de otros de este tipo en la Calle de la Montera. Para los más humildes había que desplazarse hasta la Morería, en la Plaza de Alamillo, y a las conocidas como «barranquillas de Lavapiés», que concentraban un número desproporcionado de estos locales. Entre la Calle Toledo y la ronde Toledo se ubicaba la calle de «Mancebía», cuyo nombre presagiaba que tipo de lugares se podían hallar allí...

Reglamento para toda la prostitución

La ley dejaba poco margen a los subterfugios en estas mancebías. La joven que quisiera dedicarse al oficio debía acreditar ante el juez de su barrio ser mayor de doce años, haber perdido la virginidad, ser huérfana y no ser noble. Aun así, el juez trataba de disuadirla de su propósito con una plática moral que, en caso de no surtir efecto, dejaba paso a una autorización por escrito para que ejerciera el oficio más antiguo del mundo. Un médico visitaba el burdel de vez en cuando para certificar que estuvieran sanas, y en caso de encontrar una posible infección se prohibía ejercer el oficio a las afectadas. La prevención contra la sífilis eran prioritaria, como así advierte un pregón general para «la buena gobernación de esta corte» fechado en 1585:
«Otrosí mandan que ninguna mujer enamorada que haya estado, o esté enferma de bubas, si fuese vecina desta Villa no gana en ella ni en la mancebía, so pena de cien azotes, y que para que no fuera vecina ni natural, no gane, y se vaya luego de la Corte, so pena de cien azotes».

Sobre el vestuario de las prostitutas, las Ordenanzas de Mancebía —recopiladas ya en tiempos del Rey Felipe IV— disponían que estas mujeres debían portar medios mantos negros (mantillas) para distinguirlas de las mujeres pretendidamente honradas, que portaban manto entero. De ahí que a las prostitutas las llamaran «damas de medio manto» y, dado que llevaban telas en picos de color pardo, se usa, aún hoy, la expresión «irse de picos pardos» para apuntar que alguien anda por la mala vida. Las mujeres públicas se pintaban de forma exagerada para embellecer su rostro y disimular, en muchos casos, las marcas de viruela. Según el sorprendido viajero francés Antoine de Brunel, las pinturas y los adobos no se limitaban a la cara:
«Tienen también camisas bordadas de encajes en sitios que solo ven sus galanes: es cierto que esos encajes bastos y picadillos que se traen de Lorena y de Provenza, y con los que adornan la ropa los campesinos, pues los de Flandes les son ignorados».


Las palabras para denominar a las prostitutas eran de una variedad asombrosa, sirviendo cada una de ellas para destacar su especialidad. «Andorra» era la prostituta callejera; «atacandiles», «devotas» o «mulas del diablo», las dedicadas a los clérigos; «escalfafulleras», las más humildes; «gorrona de puchero en cinta», «hurgamandera» o «lechuza de medio ojo», las que iban con velo; «maleta», la que acompañaba a la milicia; «mujer de manto tendido», las que se prostituían por cuenta propia; «pandorga», la vieja y gorda; «pitrolfera», las que iban a domicilio; «quilotra», «tronga», «trotona» o «trucha», las más jóvenes; «damas de achaque» o «marcas godeñas», las que cobraban en metálico; «enamoradas» o «cantoneras», las que estaban apostadas en las esquinas; e «izas, «rabizas, «colipoterras», «golfas», «pellejas» o «mulas de alquiler», las de peor consideración.


Era frecuente que estas trabajadoras asistieran con hábitos y escapularios a procesiones y actos religiosos. Se extendió tanto esta costumbre que Felipe II tuvo que prohibir su presencia, cuando las mujeres «decentes» dejaron de acudir para que no se las confundiera con las pecadoras. Algunos viernes de Cuaresma dos alguaciles de Madrid conducían a las prostitutas de los burdeles a la Iglesia del Carmen Calzado, donde un predicador las exhortaba a salir de la mala vida. Y, en otra muestra de la hipocresía imperante, se estimaba a los dueños de los burdeles, los «padres» o «madres» que explotaban a estas mujeres, como profesionales respetados. Se les daba así el título y trato de «hombres de bien».
«Que en su conciencia las mancebías públicas, vigiladas con cuidado por el gobierno y sujetas a ciertas reglas eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, y así que se veía mayores males de su prohibición que los que se producían las casas mancebías»
Frente a la multiplicación de prostíbulos en poco tiempo, el Conde-Duque de Olivares intentó restringir la práctica, unificando los burdeles en la Calle Mayor e incluso suprimiéndolos todos, lo que solo logró dispersar y esconder el problema, pero no eliminarlo. La Iglesia exigió a Felipe IV que acabara con aquellos excesos, si bien ni en la Corte ni entre los clérigos todos compartían la opinión de aplicar medidas coercitivas. El fraile Pedro Zapata, que acabó desterrado por lenguaraz, creía que el haber legalizado la prostitución resultaba un mal menor dentro de un fenómeno que iba a seguir existiendo bajo toda condición:
«Que en su conciencia las mancebías públicas, vigiladas con cuidado por el gobierno y sujetas a ciertas reglas eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, y así que se veía mayores males de su prohibición que los que se producían las casas mancebías»

Delito y castigo para el proxenetismo

La inmoralidad de la España de Felipe IV se manifestaba en una sensualidad desenfrenada y en una relajación de las costumbres entre la nobleza. Sin embargo, la licencia sexual era proporcional a cuanto más alto estuviera cada individuo en la escala social, siendo el Rey el mayor licenciado. Mientras los excesos eróticos de los plebeyos eran castigados con un rigor absurdo, para un joven aristócrata era casi obligatorio tener una manceba, es decir, una amante. Los jóvenes empezaban a la edad de doce o catorce años a tener una querida, que habitualmente se seleccionaba entre las comediantes y mujeres de vida alegre.

Estas mujeres, las cortesanas, ejercían un tipo de prostitución de alta clase. Se las denominaba con ironía «tusonas» o damas del Tusón, en referencia a la Orden del Toisón de Oro, y algunas podían amancebarse durante meses o incluso años. Incluso casados, los aristócratas seguían manteniendo a estas mujeres. Las esposas veían con desdén y superioridad a aquellas mujeres destinadas a tan bajos oficios, por lo que ni siquiera las veían como una amenaza. Eso a pesar de que muchas de estas relaciones eran uniones casi tan duraderas como las matrimoniales.
Las esposas veían con desdén y superioridad a aquellas mujeres destinadas a tan bajos oficios, por lo que ni siquiera las veían como una amenaza.
Algunos maridos sin escrúpulos del periodo llegaron a alquilar a sus esposas a nobles acaudalados a cambio de prebendas. El colmo de estos maridos explotadores lo alcanzó un tal Joseph del Castillo, que, viviendo a expensas de las aventuras de su mujer, le dio siete puñaladas cuando se negó a serle infiel en Cuaresma. Después de ser rechazado en la embajada de Venecia, donde pidió asilo, Joseph del Castillo tuvo que quedar huido debido a su crimen.

Desde tiempos de Felipe II, si se comprobaba que el esposo había instigado el adulterio de su mujer se sometía a la pareja a un castigo público ejemplar. Los dos eran montados sobre dos asnos y paseados por la ciudad. Él delante, adornado con dos cuernos y sonajas; ella detrás, azotando a su marido. El verdugo cerraba la comitiva azotando a ambos. Además, la ley daba facultad al marido ultrajado (ese que no estaba enterado de la infidelidad) para matar a la mujer adúltera y a su amante si los sorprendía in fraganti. Otros familiares podían actuar igual de enterarse de la infidelidad, sin que incurrieran en delito alguno.

Si era la justicia la que descubría el adulterio, entregaba a los dos culpables al marido para que los matara, los hiciera esclavos o incluso los liberara. La literatura del Siglo de Oro está hinchada de casos en los que el marido cornudo lleva a su mujer a confesar o elige una festividad religiosa antes de darle muerte en su casa

Otro tipo de proxenetismo que se perseguía con ahínco era el de las llamadas alcahuetas, celestinas o tuntiduras de gustos, que ejercían como comadronas, depiladoras, adivinas y, en secreto, de mediadoras en encuentros sexuales, remiendo de virgos y ejecución de abortos. Si alguna de ellas, o ellos (a estos se les llamaba «entremetidos» y «arreglabodas»), eran sorprendidos en estas oscuras artes las penas iban desde azotes, destierros, envío a galeras y castigos ejemplarizantes como ser paseadas desnudas en público, untadas en miel para atraer las picaduras de insectos y con una especie de mitra en la cabeza.
Así fue el caso de la conocida alcahueta madrileña Margaritona, que, en abril de 1656 fue obligada a recorrer Madrid en un «pollino de estatura gigantesca, acamellado, encajada con tablas, y enjaulada como si fuera en un ataúd, con una coroza disforme», desnuda y maltratada, a pesar de sus 88 años.

Cesar  Cervera
Diario ABC
22-2-2019



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viernes, 22 de febrero de 2019

Los pensionistas españoles y los mortadelos









Antonio Pozo Indiano
Los mortadelos eran unos billetitos que se encontraban en los tebeos hace ya muchos años. Había que recortarlos para jugar con ellos. No tenían valor económico alguno y los utilizábamos (sí, yo también fui niño hace muchos, muchos, años) para parecer mayores y pagar facturas imaginarias.
Pues ya podemos ir mirando entre nuestros objetos más antiguos. A ver si hay suerte y conservamos muchos de esos mortadelos. Más que nada porque es lo que van a cobrar los pensionistas españoles a corto plazo.

Los políticos, una vez más, han abandonado a los españoles. Una más; y ya no sabemos cuántas han sido.
La Comisión del Pacto de Toledo tenía como objetivo atinar con 21 recomendaciones para hacer del sistema de pensiones español un modelo sostenible que garantizase las pagas mensuales a nuestros mayores. Hay que recordar (parece que, a veces, se olvida) que los españoles se dejan buena parte de su sueldo durante años para que puedan cobrar los pensionistas y para que, llegado el momento, puedan cobrar su propia pensión. Otra cosa es que el uso de ese dinero sea un verdadero desastre y que, ahora, nos vengan con el cuento de lo imposible los mismos que han dejado a España sin un duro.

Podemos ha presentado enmiendas a buena parte de lo pactado por PSOE, PNV, Compromís y PDeCAT. ¿Por qué? Aunque aluden a su sentido solidario a lo mucho que piensan en los españoles (ya sabían en qué consistían las recomendaciones hace tiempo y es ahora cuando la lían), lo cierto es que no estaban dispuestos a ceder más respecto a un PSOE que ha recuperado buena parte de los votos perdidos en favor de la formación morada. Los socialistas que cambiaron han vuelto a cambiar. Si, además, los chicos de Podemos les dieran la posibilidad de presumir diciendo que ellos han logrado un acuerdo sobre pensiones, el fiasco sería para estudiar en las universidades. Y lo mismo pasa con el resto. 

 Y, mientras, las pensiones en peligro; un sistema que garantice el bienestar de nuestros mayores en peligro; el sentido solidario entre generaciones en peligro. Y, mientras, los políticos se van de rositas, presentan libros espantosos como si fueran los próximos gurús mundiales, siguen viviendo a costa de los demás sin pensar en ellos.
No se ha llegado a un acuerdo y será difícil que se llegue nunca más. Tal y como está dividido el mapa electoral es casi imposible. La polarización es potentísima y la guerra por conseguir votos es más encarnizada que nunca.
Esto no mola nada de nada.
22 FEB 2019 / 07:30 H - ACTUALIZADO: 22 FEB 2019 / 09:10 H
EL CORREO DE ANDALUCIA



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jueves, 21 de febrero de 2019

¿QUÉ FUE DE LA RENTA BÁSICA?








Antonio pozo yndiano
FINLANDIA BAJABA EL PASADO MES DE ENERO DEFINITIVAMENTE LA PERSIANA DE SU COQUETEO CON LA POSIBILIDAD DE UN SALARIO UNIVERSAL E INCONDICIONADO. LOS PROMOTORES DEL EXPERIMENTO CREEN QUE NO SE LE HA DADO EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SACAR CONCLUSIONES VÁLIDAS, PERO EL GOBIERNO NO ESTÁ POR LA LABOR DE SEGUIR EXPLORANDO ESA POSIBILIDAD Y HA DECIDIDO PASAR PÁGINA

"¿Qué hará la gente si se le da dinero sin condiciones?", se cuestionaba el experto finlandés Olli Kangas. "¿Trabajará más, al no tener estrés económico? ¿Se tomará días libres para cuidar a sus padres ancianos? ¿O acaso se volverá perezosa y acabará pasando el día en los bares? Para ser sinceros, no lo sabemos, pero a partir de ahora obtendremos al menos algunos datos".

Es lo que el director de relaciones públicas del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Finlandia, más conocido por sus siglas en finés como Kela, se preguntaba hace dos años. Kangas ha sido el encargado de dirigir el experimento más interesante y ambicioso de cuantos se han puesto en marcha en el mundo en torno a la renta básica. Y era un Gobierno conservador, en un país de intachable referencia mundial como Finlandia, el encargado de sacarlo adelante. El mundo entero miraba hacia ellos con una mezcla de curiosidad, inquietud y envidia.
Pero esos datos, que Kangas prometía hace dos años y que nos iban a arrojar luz sobre cómo se comporta un hombre que tiene un sustento garantizado sin necesidad de hacer nada para mantenerlo, siguen hoy en la oscuridad.

Dos años y un experimento después, Finlandia bajaba este enero definitivamente la persiana de su coqueteo con la renta básica. Kangas y otros defensores del proyecto creen que no se le ha dado el tiempo suficiente para sacar conclusiones, pero el Gobierno finlandés no está por la labor de seguir explorando esa posibilidad. Y ha decidido pasar página.
Las conclusiones esperadas, esos datos aludidos por Kangas, no se han compartido aún. Y puede que tarden en ver la luz. En principio se iban a hacer públicos en diciembre; luego a principios de 2019, más tarde se habló de primavera... Y ahora parece que quieren retrasarlos todavía más, hasta fin de año. La Kela no parece tener claro qué contar al mundo sobre su apasionante experimento.

GANAS DE SABER
Pero vayamos por partes. ¿Qué ha hecho exactamente Finlandia y por qué parece ahora querer ocultar sus resultados? Entre enero de 2017 y diciembre de 2018, Finlandia ha estado entregando mensualmente 560 euros a 2.000 desempleados elegidos al azar. Todos con edades comprendidas entre los 25 y los 58 años. La renta recibida, libre de impuestos y no condicionada, se ha mantenido de forma invariable pasara lo que pasara con los beneficiarios. Es decir, no la han perdido aunque hayan encontrado trabajo, hayan quedado incapacitados o hayan, por poner un ejemplo extremo, heredado millones.
¿El objetivo? Según explicaba el director del programa, saber si una renta básica universal (RBU) puede "incentivar el empleo y simplificar la maquinaria de la Seguridad Social". Fue un compromiso que el primer ministro finlandés, Juha Sipilä, abrazó desde el primer momento, a pesar de la fuerte contestación interna, incluso en su propio partido, por las dudas sobre su utilidad y coste. Pero él no zozobró y el mundo aplaudió la audacia. Había ganas de saber.

Como tal, el experimento finlandés no era una verdadera RBU. Para serlo no debería haberse dirigido exclusivamente a un segmento de la sociedad, en este caso parados de determinada edad, sino que debía haberse entregado de forma generalizada, incluyendo cualquier estrato social o rango de edad posible. Pero era un punto de partida. Tal vez el más interesante. El objetivo del Gobierno no era quedarse ahí. En enero de este año estaba previsto pasar a la fase dos, ampliando la base y el tipo de beneficiarios. Esa fase nunca ha llegado.
Justo antes del verano pasado, el Ejecutivo de Sipilä pareció perder repentinamente el interés por el proyecto. Y aunque permitió que la primera fase concluyera en el plazo previsto, diciembre de 2018, ya anunció que la segunda fase no iba a entrar nunca en vigor. Tampoco dijo por qué. Le bastó con explicar que iba a "explorar otras vías" para garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social.

Fue un auténtico jarro de agua fría para quienes, como Kangas, creían en el proyecto. Consideraron que no se les había dado el tiempo suficiente para probar nada y que, aunque habría de esperarse para conocer el informe final del experimento, varios de sus conejillos de indias habían manifestado claramente que la renta básica les quitaba ansiedad a la hora de buscar empleo y que era positiva para ellos.
La cuantía tampoco era alta. De hecho los 560 euros que se dieron a esos 2.000 desempleados quedaban lejos de los 1.190 euros que marcan oficialmente el umbral de la pobreza en Finlandia. Pero nada ablandó el corazón del Gobierno. El experimento se ha dado por muerto.
El funeral del experimento finlandés ha llegado a España en un momento en el que el debate sobre si es aplicable una renta similar en nuestro país parece haber pasado a un segundo plano o incluso haber desaparecido de la agenda política, a pesar de que el presidente Pedro Sánchez aludió a él en su reciente comparecencia en el Foro de Davos como un experimento a tener en cuenta a efectos de reducir la desigualdad rampante, a su juicio, en los países desarrollados y combatir al mismo tiempo los brotes de populismo político.
Hace menos de dos años, todos los partidos defendían en mayor o menor medida modelos de renta (aunque no universal) para nuestro país: Podemos era el que iba más lejos, con una cuantía de hasta 622 euros al mes para todos, equivalente al 88% del salario mínimo interprofesional (SMI) antes de la subida de este año. Además, quería que se reconvirtiera en una especie de complemento salarial para quienes cobrasen menos de 957 euros mensuales.
El debate hoy parece haber caído en un segundo plano en la formación de Pablo Iglesias y hace meses que este asunto no centra sus discursos a nivel nacional. Han pasado a rentabilizar iniciativas más efectistas a corto plazo, como la subida del SMI, y menos utópicas como la implantación de una renta básica. Eso sí, en algunas comunidades siguen dando la batalla. La última ha sido en Extremadura.
También el PSOE, hoy en el Gobierno, defendía hace dos años una renta de unos 430 euros al mes para todos los residentes en España de entre 18 y 65 años, que llevaran más de un año en situación de desempleo y que no ingresaran más del 75% del SMI al mes. Y se le sumaría, según su propuesta, un complemento que sería mayor o menor en función de diversos factores, como los familiares que estuvieran a su cargo o su nivel de pobreza. Esta renta se enmarcaría, según el partido de Sánchez, en el grueso de prestaciones de la Seguridad Social y sería compatible con otras ayudas, por ejemplo las autonómicas. Según sus propios cálculos, muy optimistas a ojos de los expertos, costaría unos 6.500 millones.
FRANCOTIRADORES
El PP dejó claro en el Congreso, cuando llegó la iniciativa legislativa popular que propugnaba una renta mínima de 426 para personas sin recursos (un tipo de prestación que ya ofrecen las comunidades), que sus dudas sobre este tipo de rentas radican, sobre todo, en su imposibilidad de financiación. La diputada popular Susana López Ares consideró además durante el debate que podría producirse un efecto llamada si algo así se instauraba en nuestro país y precisó que su formación no era la única que temía un desenlace similar. Aludió al autor de la ponencia económica del PSOE, José Carlos Díez, quien solo unos días antes había manifestado en televisión que si se instauraba un renta básica en España "no vale con el muro de Trump, haría falta poner francotiradores en la frontera".
Sea como sea, al debate sobre las bondades o los devastadores efectos para las cuentas nacionales que tendría una RBU le siguen faltando datos. Esos datos que prometía Kangas hace dos años y que Finlandia está retrasando en publicar. ¿Por qué? Probablemente, temen los expertos, porque hayan resultado poco concluyentes. Es muy difícil cuantificar intangibles como la motivación a la hora de buscar trabajo en un muestreo de apenas 2.000 ciudadanos. Seguramente Kangas tenía razón y haría falta más tiempo, más dinero y más beneficiarios para sacar conclusiones precisas. Pero Finlandia ya no quiere ser el laboratorio del mundo. A otra cosa.
POR MARCOS IRIARTE
Actualizado: 20/02/2019 11:44 horas
DIARIO  EXPANSION



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